Asentamientos Precarios: Los derechos humanos viven aquí

Más de 1.000 millones de personas de todos los continentes viven en asentamientos precarios. Estas comunidades, que comparten características como viviendas inadecuadas, falta de servicios básicos, hacinamiento y elevados índices de violencia, son también lugares donde sus habitantes viven, trabajan y crían a sus hijos. Sin embargo, muchos gobiernos incumplen su obligación de proteger los derechos de esas personas.

El número de personas que viven en asentamientos precarios está creciendo de forma alarmante. La desinversión en el medio rural, los conflictos armados, los desastres naturales, el cambio climático, los desalojos forzosos y la apropiación de tierras por parte de empresas siguen obligando a las personas a migrar a ciudades donde escasea la vivienda a precios asequibles.

Las violaciones de derechos humanos que sufren las personas que viven en asentamientos precarios es impresionante. Se les niega automáticamente el derecho a una vivienda adecuada, agua potable, sistema de saneamiento y alcantarillado, suministro eléctrico, salud y educación, y se enfrentan a la amenaza constante de violencia por parte de la policía y las bandas, y a desalojos forzosos.

Los residentes de asentamientos precarios pagan rentas desproporcionadamente elevadas debido a que la legislación en materia de alquiler rara vez se aplica en zonas que las autoridades consideran como “no regularizadas”. Se deniega el acceso a la justicia debido a la discriminación y los residentes no tienen voz ni voto en lo relativo a la mejora de las viviendas y los servicios.

La ausencia de centros de salud y escuelas en muchos asentamientos precarios limita gravemente el acceso a la atención médica y la educación. Con frecuencia, las tasas de malnutrición y mortalidad infantil en los asentamientos precarios son comparables a las de las áreas rurales.

Muchos residentes en áreas urbanas de los países en desarrollo carecen de documentos legales que garanticen su seguridad de tenencia, lo que incrementa el riesgo para ellos de ser víctimas de un desalojo forzoso y restringe el acceso a los servicios y el empleo formal. Con frecuencia, a las personas que viven en asentamientos precarios y carecen de documentos oficiales también se les niega el derecho a votar.

Los desalojos forzosos constituyen una violación de derechos humanos y a menudo las víctimas pierden sus pertenencias, las redes sociales y el acceso al trabajo y a los servicios. Cada vez con mayor frecuencia, los gobiernos llevan a cabo desalojos forzosos para derribar los asentamientos precarios y dejar espacio al desarrollo urbano, el embellecimiento de las ciudades u otros proyectos nacionales, como las Olimpiadas de Pekín.

Las mujeres son especialmente vulnerables en los asentamientos precarios, donde la falta de instalaciones aumenta el riesgo para ellas de sufrir agresiones o acoso sexual y donde a menudo la policía no se toma en serio las denuncias de violencia en el ámbito familiar. La legislación en materia de propiedad también discrimina con frecuencia a las mujeres.

La percepción negativa de las personas que viven en los asentamientos precarios ha contribuido directamente a un grave deterioro de la seguridad pública en estas comunidades. En Brasil y Jamaica, la inacción del Estado ha permitido que las bandas de delincuentes y narcotraficantes se hayan hecho con el control prácticamente de todos los aspectos de la vida.

Los gobiernos no han abordado estos problemas ni en el ámbito nacional ni en el internacional. Amnistía Internacional pide a los gobiernos que pongan fin a los desalojos forzosos, que garanticen a las personas que viven en asentamientos precarios el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos y que garanticen su participación activa en todos los planes dirigidos a mejorar la situación de los asentamientos precarios.

Maria Sebastião António

Maria Sebastião António, de 31 años y madre de tres hijos, vive en Banga Wé, cerca de Luanda, en Angola. En varias ocasiones las autoridades han intentado desalojar a su familia y a más de 500 personas de sus hogares con motivo de la construcción del complejo de viviendas Nova Vida.  

"Entre 2004 y 2006 hubo demoliciones. Ni siquiera nos avisaban. Nos pillaban por sorpresa. Íbamos a trabajar todos los días sin saber si al regresar nuestros hogares seguirían en pie. 

Yo tenía una casa hecha de bloques de hormigón que fue destruida en las demoliciones […]. Demolieron la casa de bloques pero no tocaron las planchas de zinc que servían de tejado, así que las utilizamos para construir una casa de zinc […]. Seis días después volvieron para destruir las casas de zinc también. 

No tenemos agua. No dejan que nuestros hijos estudien. En la escuela Nova Vida ni siquiera nos permiten inscribirlos. El resto de las escuelas están demasiado lejos. Lo peor es que todavía no hay solución a este problema."